La causa involucra a siete funcionarios públicos y tres particulares, con antecedentes vinculados al GORE Maule y a los municipios de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier.
La audiencia de formalización comenzó este lunes en el Juzgado de Garantía de San Javier, en una investigación por una presunta asociación criminal dedicada a defraudar al Estado. La Fiscalía cifra el perjuicio en $2.972 millones y pesquisó además al menos $316 millones asociados a presuntos sobornos y delitos relacionados.
Entre los ilícitos investigados figuran fraude al fisco, cohecho, soborno, estafas a empresas de factoring, falsificación de documentos, delitos tributarios y lavado de activos. La PDI señaló que parte del mecanismo habría incluido facturas manipuladas y cobros mediante factoring.
El prefecto inspector Luis Salazar, jefe de la Región Policial del Maule, explicó que “operaron alrededor de setenta detectives” y que “se dio cumplimiento a trece órdenes de entrada y registro y órdenes de detención”.
El fiscal regional Rodrigo Peña afirmó: “Hemos logrado hoy día la detención de diez personas, ya dentro de los cuales se encuentran los principales sujetos involucrados en este caso”. El Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva, medida que debe resolver el tribunal.
Respecto del Gobierno Regional del Maule, la institución sostuvo que los hechos se originaron en 2024, antes de la actual administración. Informó que presentó una denuncia en abril de 2025 y una querella en abril de 2026; uno de los involucrados está suspendido y otro renunció.
El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca señaló: “No queremos avalar los actos de corrupción por ningún motivo”. También afirmó que el GORE ha entregado a la Fiscalía y la PDI los antecedentes requeridos.
Al cierre de esta nota, la formalización seguía en desarrollo y aún estaba pendiente la resolución sobre las medidas cautelares.
